El asesinato de Marcelo Pérez, líder cristiano y activista indígena en Chiapas, México, ha tenido profundas repercusiones en la comunidad cristiana y entre los defensores de los derechos humanos. Conocido por su compromiso con la justicia y por mediar en conflictos sociales en una de las regiones más violentas de México, Pérez fue asesinado por dos hombres armados en una motocicleta cuando regresaba de San Cristóbal de las Casas.
La tragedia pone de relieve el impacto devastador de la violencia promovida por el crimen organizado en México, un país donde la Iglesia y los líderes comunitarios a menudo son atacados por defender a los más vulnerables y denunciar injusticias.
La situación en el estado de Chiapas es alarmante. Solo en los primeros ocho meses de 2024, la violencia local culminó con casi 500 homicidios, un aumento significativo en comparación con las cifras del año anterior. Pérez había advertido previamente sobre la escalada de violencia, a la que calificó como una “bomba de tiempo”, y fue testigo de cómo él mismo fue amenazado por grupos criminales que operan en la región. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas cautelares para su protección, dada su actividad pública y los riesgos que enfrentaba.
Para los cárteles y los grupos del crimen organizado, los líderes cristianos como Pérez representan una amenaza, no por su fe, sino porque el trabajo pastoral de asistencia, mediación y denuncia impacta las operaciones de estos grupos. Según la organización Puertas Abiertas, que rastrea la persecución religiosa en varias partes del mundo, estos líderes son vistos como enemigos por interrumpir las actividades criminales y promover los valores de paz y justicia.